La mayoría de los gobiernos continúa con su lucha contra la piratería, azuzados por las multinacionales propietarias de derechos de autor; la ley se cierne cada vez más sobre los que piratean, pero el paso que pueden dar en Suecia es hasta ahora el más duro hasta ahora.
El nuevo proyecto de ley que ha llegado al parlamento sueco propone triplicar la máxima sentencia posible para los casos de infracción de los derechos de autor; eso supondría pasar de los dos años de cárcel como máximo de la actualidad, a unos seis años de cárcel.
Penas de prisión por piratería similares al homicidio
De esta manera, la piratería se equipara con crímenes como el homicidio involuntario, que también tiene una prisión máxima de seis años en Suecia.
Esto se conseguiría con la introducción de dos nuevos crímenes en el código penal: infracción grave del copyright, e infracción grave de marca registrada. Ambos delitos conllevan una pena de prisión de entre seis meses y seis años, dependiendo de la gravedad.
Y no estamos hablando sólo de páginas web que ofrecen archivos piratas; la legislación afecta a cualquiera que comparta archivos por Internet. Por ejemplo, con protocolos como BitTorrent, en los que al descargar un archivo también lo estamos compartiendo con otros usuarios. La policía también recibirá más herramientas y nuevos métodos que les permitan identificar y arrestar a los infractores.
¿Abre la puerta a perseguir a los usuarios que descargan?
La ley ya ha recibido duras críticas, tanto de figuras de la industria de Internet como en redes sociales. La idea de que compartir un disco de música sea tan grave como matar a alguien ha provocado más de un comentario.
Los defensores del texto han intentado calmar a los usuarios, asegurando que las máximas penas de prisión sólo se aplicarán a los casos extremadamente graves; afirman que el objetivo son las personas detrás de los sitios de streaming o de descarga de archivos, no los usuarios individuales que se descargan un archivo.
Sin embargo, el miedo es que estas leyes abran la puerta a la persecución de los usuarios, ya que la ley no especifica hasta qué punto se considera un “caso grave”, un detalle que dependerá de sucesivas reglamentaciones.
Si la ley sale adelante, se espera que entre en vigor en julio de 2019.
FUENTE: OMICRONO
