El gobierno de Javier Milei oficializará la normativa que obligará a los estudiantes extranjeros no residentes a pagar aranceles en universidades públicas. La medida también ajustará los criterios de financiamiento de las instituciones educativas según la cantidad de alumnos y egresados.
El decreto, que será anunciado en los próximos días, ha generado polémica, especialmente por la falta de detalles sobre su implementación. Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno afina el momento para su publicación, mientras el Congreso se prepara para debatir el tema el próximo 9 de octubre. Universidades y sectores académicos ya expresan preocupación ante posibles recortes.
Cada universidad podrá decidir si aplica o no el cobro a extranjeros, lo que suma otro nivel de incertidumbre. Además, el nuevo esquema de financiamiento contempla una revisión del sistema docente y del presupuesto educativo. Dirigentes como Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, han advertido que un recorte significativo podría poner en riesgo la calidad educativa en 2025.
El ministro de Educación, Carlos Torrendell, fue el encargado de redactar la normativa, aunque el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, no participó directamente. Paralelamente, se formará una comisión técnica para evaluar las disparidades salariales docentes, un conflicto persistente en el sector universitario.
