La jueza Loretta Preska ordenó el embargo de u$s210 millones pertenecientes al colateral de los Bonos Brady, como parte de una disputa por deuda en default. Además, dispuso la congelación de otros u$s100 millones, hasta que los acreedores Attestor Master y Bainbridge Fund resuelvan su disputa sobre esos fondos.
La decisión se suma a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales. Los fondos embargados pertenecen a acreedores que no participaron en los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016, y buscan recuperar su inversión tras el default de 2001.
En enero, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó la apelación argentina contra el fallo de Preska, lo que dejó en firme la orden de embargo. Con este nuevo revés judicial, el país enfrenta un escenario legal complicado en medio de su crisis económica.
