La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el operativo de represión desplegado para impedir la marcha de jubilados el pasado miércoles. La presentación fue realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y será formalizada en las próximas horas.
Desde el CELS criticaron la justificación del gobierno, que señaló supuestos intentos de desestabilización. “No hay golpe, hay represión”, afirmaron. También denunciaron que entre los heridos y detenidos había jubilados, periodistas y miembros de organizaciones sociales.
Uno de los casos más graves fue el de Pablo Grillo, fotógrafo independiente, quien fue herido de gravedad por un cartucho de gas lacrimógeno. Bullrich intentó desacreditarlo asegurando que era militante kirchnerista y empleado municipal, dato desmentido por el intendente de Lanús.
La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 personas detenidas, al considerar que se violaron derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Tanto la CIDH como la ONU han advertido sobre el aumento de la represión en Argentina desde que Bullrich implementó el “protocolo antipiquetes”.
