El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte en situación de flagrancia, como parte del nuevo esquema de “reglas de empeñamiento” impulsado por el ministro de Defensa, Luis Petri. La medida, aplicada en el marco del “Operativo Roca”, también habilita a los militares a portar armas cargadas en zonas sensibles como Salta y Jujuy, donde patrullan junto a efectivos de Gendarmería.
Según la resolución reservada 347, los protocolos establecen que los uniformados solo podrán hacer uso de la fuerza en casos de legítima defensa y que deberán aplicar criterios de gradualidad en situaciones de conflicto. Se permiten técnicas de control como disparos de advertencia, pero queda prohibido disparar contra vehículos o personas en fuga.
La iniciativa generó debate: mientras el ministro Petri sostiene que el accionar está amparado por el Código Procesal Penal, ex ministros como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy alertaron que podría entrar en conflicto con la Ley de Seguridad Interior, que restringe el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
El Operativo Roca arrancó en Salta con 1.300 soldados desplegados, y la meta oficial es llegar a 10.000 efectivos antes de fin de año. No obstante, fuentes castrenses advierten que las capacidades logísticas actuales dificultan sostener semejante despliegue. Se trata del tercer operativo de este tipo en dos décadas, en un intento de reforzar el control en una frontera que sigue siendo un desafío crítico para la seguridad nacional.
