La niña de 11 años embarazada, que cursaba 23 semanas de gestación, fue sometida en la madrugada de este miércoles a una césarea en el Hospital del Este, donde se encontraba internada. La noticia generó el rechazo del movimiento de mujeres y de organizaciones sociales que sostienen que el Estado tucumano revictimizó a la nena que había solicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una opción que habilita el Código Penal Argentinodesde 1921 y el fallo FAL desde 2012.
El embarazo había sido detectado hace más de un mes, el 23 de enero, en un CAPS del noreste provincial. Luego, una semana después, su caso fue derivado al nosocomio ubicado en Banda del Río Salí, donde se realizó la cesárea luego del informe que el SI.PRO.SA elevó a la Justicia.
En la noche del martes, el Sistema Provincial de Salud difundió un comunicado en el que se indicaba que, atendiendo las disposiciones del fallo FAL -que habilita la interrupción del embarazo en caso de que así lo solicite una víctima de violación-, el Estado haría lugar al pedido de la familia ‘en función de lo peticionado por la niña y su progenitora’ pero, al mismo tiempo, el texto informaba que “se continuarían con los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”.
En esos momentos, un grupo de manifestanteshabían llegado al Hospital para exigir que la menor continuara con el embarazo.
Pasadas las dos de manañana, la ONG Andhescomunicó a través de las redes sociales que la cesárea había sido realizada, pese a que la práctica no fue solicitada por la familia. “SI.PRO.SA es responsable”, afirmaron desde la organización, desde donde piden la renuncia de las principales autoridades de la cartera que encabeza la médicaRossana Chahla bajo el lema #CésareaNoEsILE.
“Durante el procedimiento se presentaron agentes del Ministerio Público Fiscal que solicitaron datos personales a quienes lo practicaron. El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia”, puntualizaron desde la ONG en un comunicado.
“Le practicaron una cesárea a ‘Lucía’, la expusieron a una tortura de dos meses, la obligaron a parir. Exigimos que funcionarios implicados en esta violación de sus derechos sean investigados y expulsados de sus cargos”, informaron a través de Facebook desde el colectivo Ni Una Menos Tucumán.
“En Tucumán existe un Sistema de Salud perverso que la mantuvo presa hasta que avanzará la gestación y así poner excusas para obligarla a parir. Nunca le interesó la salud integral de la menor. No les interesó torturarla. Exigimos la renuncia de la Ministra de Salud Rossana Chahla que, por imponer sus creencias y su moral, se mantuvo al margen de lo que dice el Fallo FAL y el protocolo de ILE”, señalaron desde la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir NOA.
La ILE y el fallo Fal
En Argentina la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal. El cual prevé tres causantes: el peligro de la vida de la persona gestante, su salud o si proviene de una situación de violencia sexual.
En la misma línea, el fallo Fal, de 2012, determina que cualquier aborto de un embarzo producto de una violación no es punible tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción.
El caso de la niña jujeña
En enero trascendió el caso de una niña de Jujuy que también quedó embarazada por una violación. La niña de 12 años, respaldada por su familia, había pedido que le practicaran una ILE. El Gobierno jujeño había anunciado que se cumpliría con la voluntad de la víctima. Sin embargo, luego del anuncio, desde el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy informaron el 18 de enero que a la pequeña le habían realizado una cesárea. El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Alejandro Bouhid, señaló luego de la intervención que se daría en adopción a la bebé, pero sólo pesó 700 gramos y no sobrevivió.
Boihid también señaló, según consignó El Tribuno, que “no está taxativamente escrito” lo vinculado a la edad gestacional ni al método a utilizarse. “Es todo interpretable”, consideró. Asimismo calificó que se trató de “respuesta sanitaria a medida” de la menor. Asimismo, indicó que hay vacíos legales y que “los equipos de salud expuestos a que todo mundo realice juicios sobre su proceder”.
Ante el caso, organizaciones que respaldaban el pedido de la niña denunciaron que el Sistema de Salud dilató el acceso a la ILE para obligarla a dar a luz. En esa oportunidad, la abogada tucumana Soledad Deza señaló al diario La Nación: “Lo más significativo acá es mostrar cómo un evento obstétrico adverso en la vida de una niña de 12 años y el curso de una alternativa terapéutica lícita como el aborto se transforma en territorio de disputa de sectores fundamentalistas por la violación de la confidencialidad médico-paciente del mismo ministro”.
Esta noche se practicó una cesárea a la niña de 11 años víctima de violación y se encuentra fuera de peligro. La práctica no fue la solicitada. Se seguirá con las medidas necesarias porque https://t.co/wRxcsr87tA es responsable. #NiñasNoMadres@RossanaChahla@GSVigliocco— ANDHES (@ANDHES_org) 27 de febrero de 2019
ANDHES@ANDHES_orgEn respuesta a @ANDHES_org
Preocupa la presencia de agentes del Ministerio Público fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando datos personales de quienes lo practicaron.392:36 – 27 feb. 2019Información y privacidad de Twitter Ads36 personas están hablando de esto
Fuente: eltucumano
