El derrumbe del ex cine Parravicini deja al descubierto la desidia por parte del Estado provincial y municipal. El interés inmobiliario ligado a la explotación comercial es lo único que se prioriza. Después de que 3 tucumanos perdieran la vida se puede observar que existen factores vulgares con errores groseros que con el correr de los días mostrará la incapacidad y responsabilidad de muchos funcionarios.
Lejos de buscar un culpable, será ese el rol de la Justicia, los transeúntes junto a los ciudadanos que por distintos medios de información seguimos con tristeza este accidente, podemos deducir falencias claras ante un episodio de tal magnitud.
El gobierno de la provincia y los legisladores provinciales por medio de la ley de Patrimonio Histórico deben bregar por el total cuidado y conservación de los bienes inmobiliarios que atesora la provincia, cumplir y hacer cumplir los márgenes de dicha ley que responsabiliza a quienes quedan a cargo de los emblemas edilicios históricos y culturales. No solo en San Miguel de Tucumán podemos encontrar estructuras centenarias, en departamentos del interior ya se perdieron maravillosos monumentos por la desidia y la falta de presupuesto, el caso más emblemático es el viejo ingenio Santa Ana de Villa Hileret.
Con los municipios empobrecidos de gestión, sumado a que los controles estructurales no se hacen o bien son fraguados, ¿cómo una estructura tan antigua ubicada en pleno microcentro, al frente de un colegio y rodeado de comercios, con años de antigüedad, propenso al derrumbe no fue prevista su caída?. Existen ordenanzas y reglamentaciónes que cumplir seguida de pericias y controles. Decir que se desplomó un edificio de 100 años, es decir que era predicible, decir que murieron 3 personas es decir que existen irresponsables.
La buena voluntad de civiles y profesionales que actuaron en el lugar es lo único destacable y rescatable. Quizás hay que decir, y con mucho gusto, que los tucumanos somos solidarios, pero las explicaciones a la comunidad, a los heridos y a las familias de los fallecidos transeúntes la deben brindar los responsables, el Estado en sí.