Después de arduas negociaciones en la Cámara de Diputados, se logró la aprobación de un proyecto para establecer una nueva fórmula de ajuste para las jubilaciones, en contraposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 impuesto por el presidente Javier Milei en marzo pasado. Este proyecto, que ahora pasa al Senado, también contempla un aumento del 8% en los haberes jubilatorios debido al alto pico inflacionario registrado en enero, el cual alcanzó el 20,6%, mientras que el DNU solo reconoció un 12,5%.
Tras la aprobación en Diputados, el presidente Milei reafirmó su intención de revertir este cambio, expresándolo en redes sociales con un contundente mensaje de veto. Este comunicado fue emitido minutos después de que la iniciativa obtuviera 160 votos a favor, provenientes de diversas fuerzas como UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, mientras que 72 votaron en contra (LLA y el PRO) y 8 se abstuvieron.
Milei, en sus declaraciones, enfatizó su compromiso con el equilibrio fiscal y su rechazo a cualquier medida que lo ponga en riesgo. Además, criticó a la oposición por respaldar la iniciativa, acusándola de haber contribuido al déficit fiscal en el pasado.
El acuerdo entre diferentes fuerzas políticas se materializó cuando el kirchnerismo permitió deliberadamente que su propio dictamen, más gravoso en términos fiscales, fuera derrotado en la votación inicial. Posteriormente, se aprobó un dictamen de minoría, elaborado por UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con menos impacto fiscal. Esta votación reflejó un respaldo mayoritario a la iniciativa, aunque con la oposición del oficialismo y sus aliados.
La propuesta legislativa busca abordar el fuerte deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, proponiendo una nueva fórmula de movilidad que combine el índice de inflación con la variación salarial (RIPTE), y garantizando un piso mínimo para las jubilaciones. Sin embargo, el financiamiento de las deudas con las provincias y el cumplimiento de las sentencias judiciales a favor de los jubilados representaron puntos de conflicto, resueltos mediante la asignación específica de ciertos impuestos nacionales a la ANSES.
En cuanto a las asignaciones vitalicias para ex presidentes y vicepresidentes, hubo divergencias entre las fuerzas políticas, con una propuesta para su eliminación que no logró consenso.
