Aproximadamente un 30% de los beneficiarios de Desarrollo Social no justificaron el destino de la mercadería

La justicia continúa investigando varios indicios. Los datos corresponden sólo al mes de diciembre

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Continúa la investigación sobre la venta ilegal de alimentos de Desarrollo Social.

La justicia tucumana continúa con la investigación sobre la venta ilegal de mercadería correspondiente a Desarrollo Social. Para ello, analiza unas planillas de Excel en las que aparecen identificadas las 73 organizaciones civiles y sociales que retiraron los víveres correspondientes al mes de diciembre, donde casi el 30% no realizó la rendición, ni el lugar de destino de los alimentos que recibieron.

Recordamos que en el último mes del año pasado, el Gobierno decidió reforzar las partidas de víveres, aumentándoles un 50% más de lo que reciben mensualmente las organizaciones. En total, se repartieron más de 50.000 módulos alimentarios, que son unos 400.000 kilos y por los que el Estado invirtió más de $ 320 millones.

La información oficial señala que esta asistencia la reciben personas cuando solicitan ayuda de manera individual en Desarrollo Social. Además indicaron que sólo pueden retirar dos módulos por mes, es decir 16 kilos, pero también pueden recibir mercaderías, cumpliendo una serie de requisitos, las organizaciones civiles y sociales, comunas, municipios y entidades gremiales.

Luego de una serie de denuncias, que derivó en una investigación, los primeros días de enero, Desarrollo Social informó que 20 organizaciones, casi el 30% de las 73 que recibieron asistencia, no habían cumplido con la obligación de informar cuál fue el destino de los alimentos. Hasta el momento no se conoce qué hicieron con la mercadería unas 20 agrupaciones que habrían recibido un total aproximado de casi 15.000 módulos, equivalente a 120.000 kilos, que tuvieron un costo de $ 119 millones, más de la tercera parte del total invertido.

Federico Masso, ministro de Desarrollo Social, habló sobre este tema:

“Esto se descubrió porque cambiamos la metodología de control”. “Analizamos la situación con el gobernador Osvaldo Jaldo y decidimos suspender las órdenes de entrega hasta que presenten la documentación correspondiente y sea analizada por nuestro personal”

Además expresó que si las organizaciones no llegaran a cumplir con el trámite, los módulos alimentarios serán redistribuidos entre las agrupaciones que estén en regla. “Obviamente que nos preocupa que mucha gente se pueda quedar sin comer, pero tampoco podemos permitir todas esas improlijidades. Buscaremos la manera de asistirlos”.