El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzan en un fuerte recorte de pensiones no contributivas por discapacidad laboral, tras detectar que más de 220 mil beneficiarios no se presentaron a la citación oficial para ser evaluados. Según el Gobierno, se trata de un proceso de auditoría masiva que ya intimó a casi medio millón de personas y apunta a revisar el universo de más de 1,2 millones de prestaciones.
Entre las irregularidades detectadas se incluyen casos de personas fallecidas, presos y prófugos que continuaban cobrando el beneficio, radiografías repetidas en cientos de trámites y certificados médicos falsos. La investigación sostiene que una parte significativa de estas pensiones se otorgó sin los criterios médicos legales requeridos, sobre todo durante gestiones kirchneristas.
El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, señaló que “hasta un 80% de los casos relevados no cumple con los requisitos actuales” y proyectó un ahorro fiscal de 900 mil millones de pesos en 2025, unos 700 millones de dólares. El marco normativo que rige este proceso es el Decreto 842/2024, que endurece las condiciones para acceder al beneficio e impone nuevas auditorías médicas presenciales y declaración jurada obligatoria.
Sin embargo, la decisión generó fuertes críticas. La organización ALAPA presentó un recurso de amparo para frenar los operativos, denunciando condiciones indignas y trato inhumano durante las evaluaciones presenciales. Solicitan un protocolo participativo, auditorías accesibles y alternativas como evaluaciones virtuales o domiciliarias.
