Con la intendenta Rossana Chahla fuera del país, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha adoptado una postura firme ante el paro del transporte. Martín Viola, secretario de Gobierno, y Benjamín Nieva, secretario de Transporte y Movilidad Urbana, anunciaron que habrá sanciones para las empresas de ómnibus que reduzcan las frecuencias en la capital. Nieva aseguró que inspectores estarán en las calles para garantizar el cumplimiento del servicio, y advirtió que, de no ser así, se procederá con sanciones administrativas.
Viola descartó la posibilidad de otorgar subsidios a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), argumentando que esta medida no resolvería el conflicto. “La prioridad del municipio es subsidiar al vecino, no al empresario”, afirmó. Además, enfatizó que ya se están acelerando los pliegos para la licitación de nuevas concesiones de transporte, buscando mejorar el servicio sin recurrir a fondos públicos para las empresas.
La situación se complicó tras el anuncio de un paro por parte de Aetat, lo que sorprendió a las autoridades locales luego de una reunión que describieron como “cordial”. Nieva criticó que la medida de fuerza afecte exclusivamente a la capital, destacando que la crisis del transporte es un problema de carácter provincial y nacional. “No estamos en condiciones de soportar estas reducciones y por eso utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para sancionar si no se cumple con el servicio”, concluyó.
A pesar de la ausencia de Chahla, la Municipalidad se mantiene firme en su decisión de no ceder ante los reclamos de los empresarios del transporte y de proteger los derechos de los usuarios del servicio público. Se espera que, a su regreso, la intendenta convoque a todas las partes involucradas para discutir soluciones a la crisis.
