La administración busca reducir el gasto público y optimizar recursos en todo el país
El Gobierno de Argentina, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ha anunciado la rescisión de 71 contratos de alquiler de oficinas a nivel nacional. Esta medida, parte de una estrategia de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos, permitirá un ahorro mensual de $191.518.251, acumulando un total anual de $2.298.218.220, según informó la Jefatura de Gabinete dirigida por Guillermo Francos.
La acción afecta a una variedad de ministerios y organismos estatales, incluyendo la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, ANSES, AFIP, INADI, entre otros. En estas oficinas trabajaban más de 3.500 empleados, quienes han sido reubicados principalmente en edificios de propiedad del Estado Nacional, lo que permite continuar sus funciones sin incurrir en nuevos costos de alquiler.
Los contratos rescindidos se distribuyen en varias regiones del país, con 23 ubicados en la provincia de Buenos Aires y 7 en la Ciudad de Buenos Aires. Otras oficinas afectadas se encontraban en provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y Tucumán.
El Gobierno planea continuar con esta política, proyectando la rescisión de otros 106 contratos de alquiler adicionales. Esta decisión se alinea con el objetivo del Poder Ejecutivo de reducir el gasto público y maximizar el uso de los recursos del Estado. La administración busca establecer un modelo de gestión más eficiente y austero, reflejando un compromiso con la sostenibilidad fiscal.
