Este jueves, en horas de la tarde, se realizó una audiencia requerida por el fiscal Miguel Ángel Varela, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios y Atentados contra las Personas del Centro Judicial Concepción.
El objetivo fue declarar legales las detenciones, formular cargos y solicitar medidas cautelares contra los padres de Benjamín (3), el niño desaparecido desde hace meses y cuyos restos habrían sido hallados en una zona montuosa este último miércoles 27 marzo a 1,5 kilómetros de la vivienda familiar, ubicada en el paraje La Ensenada, kilómetro 1.194 de la ruta nacional 157, localidad de Atahona, departamento Simoca.
En la audiencia, que se extendió por una hora y media, en representación del Ministerio Público Fiscal intervino la auxiliar de fiscal, María Emilia López Delgado. Tras describir las circunstancias de sus detenciones, la investigadora procedió a relatar los dos hechos (ver aparte en detalle) que se les atribuyen a los imputados, Jorge Luis Lucero (43) y Romina Vanesa Gutiérrez (30).
Se lo acusó provisoriamente con el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en calidad de coautores, en concurso real con el delito de homicidio agravado por el vínculo, Lucero autor y Gutiérrez partícipe secundario.
Con respecto al primer hecho, las víctimas son sus tres hijos menores de edad, Benjamín, su hermano (8) y su hermana (4), contra los cuales habrían ejercido maltratos físicos desde que nacieron; mientras que en el segundo hecho la víctima es el propio Benjamín, a quien habrían asesinado el año pasado y ocultado su cuerpo.
Evidencias reunidas hasta ahora
La Fiscalía enumeró las numerosas evidencias recolectadas hasta este tramo de la investigación, la cual inició con la denuncia de la abuela paterna, quien se preguntaba en reiteradas ocasiones por el paradero de Benjamín y nunca recibía respuestas certeras de sus progenitores. También se cuenta con los testimonios de los hermanitos, que, según consta en el legajo, por ejemplo la niña le manifestó a la abuela materna que Benjamín “era un angelito y que ya no iba a estar con ellos”, mientras que en otra oportunidad expresó que su hermano había sido enterrado por su padre y que no quería hablar mucho porque “le causaba lágrimas”.
Por otro lado, se dispone de la medida de rastrillaje realizada por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF al momento de la búsqueda y posterior hallazgo de los restos, trabajo que contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios y Grupo de Canes. En tanto que al allanar la vivienda de la familia se secuestró un machete, látigo, un colchón, prendas de vestir con machas pardo roijzas y el teléfono celular de la madre.
Entre otras de las evidencias, asimismo se poseen informes médicos de los hermanos de Benjamín que refieren a distintas lesiones sufridas en distintas etapas de su vida. En cuanto al informe preliminar de los restos óseos, arrojó que se trata de “restos humanos esqueletizados con pérdida prácticamente total de las partes blandas y demás estructuras”. A su vez, el estudio sostiene que “estamos en condiciones de afirmar que estamos ante restos de un infante, con una edad probable que oscila entre los dos y cuatro años”; al tiempo que, con respecto a las posibles causas de muerte, precisa que “hay alteraciones menores de la estructura del cráneo, que podrían corresponderse por lesiones sospechadas de traumatismo de cráneo”.
Prisión preventiva
Al concluir su alocución, la auxiliar de fiscal López Delgado solicitó que se ordene la prisión preventiva de ambos acusados por seis meses, plazo que dura la investigación penal preparatoria. Para ello, se basó en la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento. La funcionaria judicial hizo alusión a las características del hecho y a la pena en expectativa. “Estamos hablando de tres víctimas vulnerables y que necesitan una protección específica, ya que son niños que fueron sometidos a lo largo de sus vidas a distintos maltratos físicos e incluso en el caso de Benjamín le causaron la muerte”.
La defensa técnica de Lucero no se opuso al requerimiento fiscal, mientras que la de Gutiérrez sí lo hizo y demandó el arresto domiciliario por tres meses.
En su resolución, la jueza interviniente decidió hacer lugar a las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Fiscal, aceptando el plazo de seis meses para el padre, pero de tres meses para la madre. Por último, dispuso que Lucero sea alojado en la Unidad N° 3 de Concepción y Gutiérrez en la Cárcel de Mujeres de Banda del Río Salí.
fuente: lv12.
