La extensión de la emergencia hasta 2025 prioriza el equilibrio entre tarifas, inflación y servicio eléctrico en un verano que se anticipa crítico.
El presidente Javier Milei prorrogó la emergencia energética hasta julio de 2025 mediante el Decreto 1023/2024, buscando ajustar subsidios en luz y gas, pero sin comprometer la desaceleración inflacionaria. El anuncio llega junto a declaraciones de la nueva secretaria de Energía, María Tettamanti, quien destacó los desafíos de garantizar el suministro eléctrico frente a un verano que se prevé muy caluroso.
Tettamanti, en su primera aparición pública, señaló que las limitaciones en generación eléctrica y falta de inversiones obligan a optimizar los recursos existentes. Además, anunció la eliminación gradual del sistema de segmentación tarifaria, reduciéndolo a dos categorías: usuarios subvencionados y no subvencionados. Esta medida afectará a millones de hogares y busca un esquema más restrictivo para quienes accedan a ayudas, vinculado a la Canasta Básica Total del Indec.
El decreto también mantiene las intervenciones en los entes reguladores ENRE y Enargas, permitiendo que las subas de tarifas se definan de manera discrecional. El objetivo gubernamental es establecer una revisión tarifaria a cinco años que brinde señales claras al sector privado para invertir, mientras se sostiene el plan de subsidios solo para sectores más vulnerables.
Las empresas energéticas han mostrado mejoras en sus balances gracias a los aumentos permitidos este año. Sin embargo, el desafío mayor será garantizar el suministro en momentos de consumo pico. Entre las estrategias mencionadas están acelerar importaciones de energía, planes de contingencia con distribuidores y cortes programados para usuarios industriales.
Aunque públicamente el Gobierno asegura que se evitarán crisis, el temor a interrupciones masivas, especialmente en áreas críticas como el AMBA, genera preocupación por el impacto social y político en caso de cortes prolongados.
