El 22 de noviembre de 1949 se estableció la gratuidad universitaria en la Argentina a través del Decreto Presidencial Nº 29.337 del ese entonces presidente de la Nación Argentina, Juan Domingo Perón, quien suprimió el cobro de aranceles en las instituciones de Educación Superior. Esto marcó un hecho fundamental en la historia de nuestra querida Universidad Pública debido a que posibilitó por primera vez el acceso de los hijos de los trabajadores a la formación universitaria. Como resultado de esta sanción, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente, pasando de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954. Sin embargo, el camino recorrido no fue sencillo y tuvieron que pasar 45 años para que finalmente la gratuidad tuviera rango constitucional.
En el decreto se dejaba asentado que: “el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen”… “que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes”.
Gracias a esta lucha, se lograron aspectos clave que para la educación superior tal como la conocemos, como libertad de cátedra,autonomía universitaria, cogobierno, extensión universitaria, concursos de oposición y antecedentes, becas universitarias y compromiso con la comunidad. Además, los estudiantes habían logrado incorporarse al co-gobierno universitario, pero no habían removido uno de los principales obstáculos para el acceso popular y masivo a la Universidad: el arancel universitario.
El fin del arancelamiento universitario dispuesto por Perón el 22 de noviembre de 1949 sumó derechos a los ya introducidos por la Reforma del año 1918. La gratuidad de la enseñanza universitaria pública en Argentina sigue siendo hasta la fecha una política de avanzada en materia de Educación en América Latina.
A este hito fundamental se llegó después de otro, la Reforma Universitaria de 1918, que contó con el aval político del presidente radical Hipólito Yrigoyen y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, el riojano José Santos Salinas, aunque no se había incorporado la gratuidad.
