A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la Ley Antimafias, una normativa que refuerza la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. La nueva legislación establece penas más severas para los integrantes de organizaciones delictivas y permite incautar bienes de manera anticipada.
La ley, aprobada en sesiones extraordinarias del Congreso, define a una organización criminal como cualquier grupo de al menos tres personas que actúen de manera coordinada para cometer delitos graves. Se aplicará a casos de corrupción, tráfico de personas y extorsión, entre otros, y habilita la investigación especial en zonas específicas donde se detecte actividad delictiva reiterada.
Uno de los puntos clave de la normativa es la modificación del Código Penal, con penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen en delitos como el narcotráfico o la trata de personas. Además, se autoriza el decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales, incluso antes de una condena firme, con la posibilidad de restitución si la persona resulta absuelta.
El Gobierno busca con esta ley desmantelar grandes bandas delictivas y reforzar el accionar de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado.
