El Gobierno cerró 136 Registros Automotores Seccionales ubicados en varias provincias, y suspendió la apertura de otros 12 para “reorganizar la estructura” en pos de “la reducción de la Administración Pública Nacional”. Ya había habido reclamos del sector para salvar los puestos de trabajo.
La Resolución 209/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, repasa el objetivo de esa cartera, “tendiente a promover el cierre de Registros Seccionales que se encuentran intervenidos”.
Se trata de 136 registros, dedicados a motovehículos y maquinaria agrícola, repartidos en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Además, se suspendió la apertura de 12 oficinas en Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
En mayo, el Gobierno había informado que se cerraría el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, para luego proceder con el cierre de los restantes intervenidos.
El lunes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que el Ejecutivo busca impulsar “que la gente pueda ir directamente al registro nacional de forma digital”.
El reclamo de Registros Automotores por medidas urgentes “para salvar 12 mil empleos privados”
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor (AAERPA) manifestó a principios de julio su “profunda preocupación” ante la crisis que enfrenta el sistema registral del automotor. En una carta enviada al Ministerio de Justicia, la asociación expresó su “desazón” y denunció la inminente desaparición del sistema debido a la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades.
“Desde octubre del año pasado, el Ministerio de Justicia no actualiza los aranceles de los Registros Automotores en todo el país. Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12 mil puestos de empleo privados que trabajan en los Registros”, señalaron en una carta dirigida al ministro de Justicia, en la que expresaron su profunda preocupación y advirtieron sobre la posible desaparición del sistema debido a la inacción gubernamental.
“El costo de este servicio está recayendo enteramente en los titulares del registro, quienes debemos cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional, luz y alquileres. Porque los registros son estatales, pero de administración privada. Es decir, los empleados de un Registro Automotor no son empleados públicos. En este sentido, el registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, aseguraron desde AAERPA.
En términos económicos, las oficinas registrales enfrentan una crisis alarmante. Según la asociación, se han hecho promesas de soluciones desde diciembre del año pasado, pero ninguna ha sido concretada. “En abril se emitió una resolución que reconocía nuestras necesidades, pero fue retrotraída en menos de 48 horas. Retomamos la cuestión, acercamos un proyecto para aplicar sobre los aranceles percibidos en el mes de junio y llegamos al final de este mes sin respuestas”, denunció Alejandro Germano, Presidente de AAERPA y uno de los firmantes de la carta enviada.
FUENTE: C5N
