A casi dos meses de la renuncia del cardiólogo Alfredo Neme Sheij y a casi un mes de la asunción de la nueva interventora Graciela Lencina, el PAMI Tucumán que debe velar por la salud de 159.600 afiliados, sigue con problemas en las prestaciones de sus servicios y a raíz de las malas prestaciones surgieron denuncias en la Justicia Federal que silenciosamente investiga el funcionamiento y la participación de varios responsables en la obra social de los jubilados.
Las quejas de los jubilados por la falta de prestación en Sanatorios y Clínicas, la mala atención en los médicos de cabecera; y cambios de prestadores sin previo aviso, más la prolongación en el tiempo, hasta 80 días para la realización de estudios en imágenes, la negativa del servicio en la “internación Domiciliaria”, motivó a que la Justicia Federal se interiorice sobre diferentes hechos por presuntas irregularidades y la observación de varios responsables en el funcionamiento de dicha institución.
El jubilado, Juan Gallardo Nuñez denunció hace unas semanas, por presuntos hechos delictivos en el PAMI, en el marco de los Programas de Voluntariados y Acuagym. Según el denunciante se abonaba por estas prestaciones que fueron exageradas. Es decir que los afiliados utilizaban este servicio pero no en las cantidades que aparentemente figuran. Además se habrían detectado observaciones en las rendiciones de cuentas.
Por otro lado, el dirigente Osvaldo Barreñada, secretario general Nacional, de UTI (Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados):y Secretario general NOA, también investigado por la Justicia en el denominado Plan Coreano, presentó en la Justicia Federal Tucumán una denuncia por sentirse agraviado por declaraciones periodísticas de dirigentes de SUTEPA. Que habían expresado que existiría corrupción en diferentes oficinas del PAMI.
Estas denuncias motivaron a la Justicia a seguir de cerca el funcionamiento de la UGL Tucumán y no se descartan medidas por parte del fuero federal.
Sin embargo, desde la repartición local desmienten que existan problemas de fondos en las prestaciones y se sigue otorgando turnos para la realización de estudios para el mes de octubre.
El año pasado se canceló el pagó por facturación por prestación directa y se capitó la atención en clínicas y sanatorios. Se abona aproximadamente por mes 160 millones a 15 nosocomios privados, atiendan o no.
Los servicios de alta complejidad son un dolor de cabeza. Existen afiliados que peregrinan hasta 2 años para realizar sus tratamientos con sentencia favorable o no de la justicia./Primera Fuente
