El gobierno de Javier Milei ha lanzado un plan para auditar a las universidades públicas, poniendo en la mira los presupuestos de la UNT y otras instituciones de educación superior. En particular, la UNT tiene previsto un gasto de 84.000 millones de pesos este año, y un presupuesto proyectado de 171.000 millones para el próximo año. La estrategia implica auditar las finanzas de universidades como la UBA, la cual se ha mostrado reacia a aceptar la supervisión de la SIGEN.
La Universidad Nacional de Tucumán se encuentra entre las 26 instituciones que ya firmaron convenios específicos con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Sin embargo, la UBA ha decidido no suscribir a este acuerdo, lo cual generó que el gobierno busque alternativas para asegurar el control financiero. Se está considerando aplicar el artículo 59 de la Ley de Educación Superior para que la SIGEN pueda intervenir en las cuentas de la UBA y de otras universidades.
Esta ofensiva ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores universitarios, como el rector de la Universidad de San Luis, se muestran a favor de la auditoría para mejorar la transparencia, otros advierten sobre el trasfondo político de estas medidas, especialmente ante la resistencia de la UBA, considerada por el gobierno la “cabeza” de la oposición al recorte de gastos.
