El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta contra el Estado. Belliboni enfrenta cargos por desviar fondos del Plan Potenciar Trabajo para financiar actividades partidarias, con una pena potencial de entre dos y seis años de prisión.
Según la investigación, Belliboni habría utilizado una empresa fantasma llamada Rumbos para presentar facturas falsas y desviar fondos públicos hacia la Asociación Polo Obrero. Esta empresa no tenía actividad real y funcionaba como una “caja partidaria” para canalizar los recursos destinados a programas sociales. Además, se descubrió que recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios de los beneficiarios de los planes, también se desviaron hacia Rumbos.
El juez Casanello señaló que, además del desvío de fondos, existió un “aprovechamiento de la posición de poder” por parte de la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. Estas entidades, que debían controlar el cumplimiento de las actividades de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, exigían a los beneficiarios participar en marchas como condición para no perder la ayuda estatal, lo cual también es objeto de investigación bajo el delito de “amenazas coactivas”.
La resolución judicial no solo incluye a Belliboni, sino también el procesamiento de otras 17 personas, algunas acusadas de defraudación y otras de “amenazas coactivas”. A Belliboni se le ha impuesto un embargo de $390.000.000, equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal. La justicia considera que hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones y el caso sigue en proceso.
