Se trata de Gerardo Montenegro, de la provincia de Santiago del Estero. La propiedad figura a nombre de una sociedad donde aparecen su mujer y un hijastro.
El proyecto del bloque de senadores del Frente de Todos que propone un “aporte especial de emergencia” para quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco dejará a uno de sus integrantes en una posición muy incómoda, siempre y cuando prospere. Se trata de Gerardo Montenegro, de la provincia de Santiago del Estero. Infobae reveló que compró una casa en un barrio privado de Miami, a pocos minutos del Aventura Mall, uno de los shoppings más concurridos por los argentinos.
Ese inmueble no figura en las declaraciones juradas del senador. Pero aparece a nombre de una sociedad en la que figuran su mujer, María Teresita Sciolla, y un hijastro: JM SILVER GROUP LLC. En los registros publicados en el sitio de Miami-Dade, ambos aparecen como “personas autorizadas”. La cara visible de la sociedad es Juan José Roiz, un argentino que trabaja como agente (administrador) y tiene varios clientes argentinos.
La operación inmobiliaria se concretó el 26 de noviembre del 2019. La sociedad a nombre de Sciolla y su hijo pagó U$S 306 mil por una casa en un barrio cerrado denominado “Via Ventura 2″, a solo 15 minutos del Aventura Mall.
Ese barrio ofrece amenities como Club House, pileta, spa, gimnasio, cancha de fútbol y juegos para niños. Según el sitio web de la constructora LENNAR, las propiedades tienen entre 3 y 5 dormitorios, y arrancan desde los 230 m2.
Montenegro fue denunciado ante la Justicia a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los investigadores detectaron una red de cooperativas truchas vinculadas al senador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local. En las cooperativas aparecen familiares de Montenegro, empleados del Senado y hasta de la provincia de Santiago del Estero. Según la denuncia judicial, las cooperativas cobraron más de $90 millones de pesos. La mayor parte del dinero fue retirada en efectivo de los bancos por lo que no hay registros de su destino final.
La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar la casa en Miami, aunque la denuncia judicial menciona la sociedad JM SILVER GROUP LLC y una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR. Ese giro se hizo en abril de 2019, es decir 7 meses antes de concretar la operación.
En su última declaración jurada, presentada en 2019, el senador declaró tener cuatro departamentos en Santiago del Estero, una casa, y un terreno de 30.000 m2, pero no hizo mención alguna ni a la sociedad ni a la propiedad de Miami.
Pese a la enorme cantidad de pruebas, la investigación judicial nunca tuvo avances. Los responsables de investigar a Montenegro son la fiscal Cecilia Indiana Garzón, una de las “candidatas” del kirchnerismo para la Procuración, y el juez federal Sebastián Argibay, un ex miembro del Tribunal Superior de Santiago del Estero.
Tampoco tuvo repercusiones dentro de la Cámara alta. De hecho, fue uno de los 20 senadores del FdT que votaron el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años. En su provincia, es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados. Además tiene una pata en el deporte: preside el club de básquet Quimsa y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).
El proyecto que propone crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI” está circulando por los despachos de los senadores del oficialismo para la ceremonia de la firma. ¿Se sumará Montenegro? “Seguro que lo firma, le hacen un favor y lo puede blanquear”, bromeó un senador de la oposición ante la consulta de este medio.
La iniciativa en principio no contempla excepciones y lo afectaría de manera directa porque apunta a todos aquellos que tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco. Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.
El proyecto incluso pedirá la colaboración del FMI para conseguir información sobre activos argentinos en el exterior u operaciones sospechosas de lavado de dinero. En ese sentido, el texto insta a solicitar al FMI “asistir a la República Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos”.
La iniciativa, que cuenta con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya provocó críticas de la oposición y de distintos tributaristas. Los expertos aseguraron que “generará una caza de brujas, inseguridad jurídica y poca recaudación”.
