El caso de una niña de diez años abusada y embarazada continúa generando polémica en Salta. Fuentes oficiales confirmaron que tanto la niña como la madre manifestaron su deseo de continuar con el embarazo.
La situación volvió a plantear debate sobre las políticas de prevención y sobre los procedimientos para el acceso al aborto no punible, que se aplica en cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre.
A principios de mayo la madre llevó a la niña al Hospital Público Materno Infantil de Salta por un dolor de estómago. Allí se enteró de que su hija había sido violada por su padrastro y que estaba embarazada.
“Con respecto al caso de la menor salteña embarazada que tomó estado público, la asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial la voluntad manifestada por la niña y su madre, en un acta rubricada, de continuar con el embarazo”, se difundió ayer desde el Gobierno de la Provincia.
“La nena fue valorada médicamente y acompañada por todo el equipo interdisciplinario del Hospital Público Materno Infantil desde su ingreso. Asimismo, se continuará con el seguimiento durante todo el proceso”, comunicaron desde los Ministerios de Salud Pública y Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.
Desde diferentes sectores salieron al cruce y cuestionaron puntos del protocolo que se aplica para acceder al aborto no punible. Según denunciaron, este instrumento legal apunta a dilatar tiempos, influir en las decisiones y hacer desistir del aborto a las víctimas de violación.
Según indicaron fuentes judiciales, el viernes la niña declaró en cámara Gesell y luego la madre pidió hablar con la asesora. En una reunión con la funcionaria, la madre y la niña “manifestaron su deseo de continuar con el embarazo”, que ya cursa la semana 21.
La Corte Suprema de Justicia resolvió en 2012 que el único requisito para acceder al aborto no punible era que la víctima firmara una declaración en el hospital asegurando haber sufrido un delito sexual. El fallo no incluyó el requisito de una denuncia policial ni la obligación de que intervenga el Ministerio Público, como establece el protocolo del Gobierno de Salta. Además, el instrumento fijó la semana 12 como límite para la intervención.
Para la presidenta del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, Laura Postiglione, la niña no pudo acceder a la posibilidad de interrumpir el embarazo por los tiempos transcurridos. “El plazo es de 12 semanas y por eso no se lo ofrecieron”, indicó. También hizo hincapié en la tardanza con la que llega la información en los casos de violación. “Generalmente las violaciones suceden en el seno familiar, las niñas no hablan por temor y hasta después de la semana 12 no se nota la panza. El plazo es totalmente inviable, es una restricción más”, cuestionó./El Tribuno
